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La introducción de la variable riesgo en los planes de uso de suelo de varias ciudades desde hace pocas décadas ha significado un importante aporte en la construcción de la resiliencia urbana. Sin embargo, la incorporación de nuevos estudios de amenazas y áreas propensas a desastres, aunque robustece la planificación de ciudades seguras, acarrea implicaciones de carácter social, económico y jurídico, que levantan necesidades de compensación económica. La experiencia reciente de Quito ilustra esta realidad. En el 2011 Quito adaptó una categoría de uso denominada “Zona de Riesgo” a su plan, que consistía en prohibir la construcción en los lotes afectados. Ésta categoría se incluyó con el fin de evitar el incremento de pérdidas humanas y materiales producidos por deslizamientos de tierra que han afectado a varias familias en años anteriores. Sin embargo, con la implementación del plan aparecieron dificultades que variaban desde imprecisiones cartográficas que perjudicaba a propietarios por no permitírseles construir en zonas de riesgo que no lo eran hasta afectaciones en propiedades de individuos quienes las adquirieron con fines de edificar y que luego de la restricción se les prohibió construir y además su propiedad perdió valor. Esto evidencia la necesidad de explorar modos de compensación basados en una gestión de suelo que analice antecedentes de las propiedades previo a la adaptación de una política como la referida; y también la noción de mitigación, cuyo límite puede llegar a ser tanto como lo permita la capacidad económica de solventar los requerimientos técnicos.