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Un componente esencial del reciente paquete de transformaciones en curso en la economía cubana ha sido la expansión del sector no estatal. Su consolidación, a su vez, ha demandado cambios en los mecanismos de regulación de la producción tradicionalmente utilizados en el país en la última media centuria.
Ello responde a dos razones principales: primeramente, a la imposibilidad de influir sobre el desempeño de estos agentes mediante instrumentos directos de carácter administrativo; y por otra parte, a la paulatina asimilación por parte del gobierno del aporte potencial de los nuevos actores, cuyo fomento demanda necesariamente la creación de instituciones y la instauración de medidas que contribuyan a su proliferación y articulación con el resto del tejido productivo y social del país.
Entre las medidas orientadas a fomentar el desarrollo del sector no estatal, y a generar dinámicas de desempeño eficientes, se encuentra el lanzamiento de la política crediticia en diciembre de 2011, y sus posteriores actualizaciones. A pesar de lo indispensable que resulta, y del altísimo potencial intrínseco en los mecanismos de financiamiento, los impactos previstos del otorgamiento de créditos se han visto limitados por la insuficiente consideración de la diversidad de actores no estatales, las estrecheces de las actividades permitidas, y otras peculiaridades del modelo de funcionamiento económico.
Este trabajo discute el limitado efecto de la implementación de la política crediticia sobre el sector no estatal, las inconsistencias y virtudes del marco regulatorio, y los ajustes necesarios para convertir el otorgamiento de créditos en verdadero motor de crecimiento y articulador de las nuevas formas de propiedad y gestión al tejido productivo nacional.