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El sistema político mexicano se ha transformado significativamente en las últimas cuatro décadas; después de más de setenta años de haber controlado hegemónicamente el poder heredado de la Revolución Mexicana, y de ejercerlo casi de manera absoluta, las élites gobernantes se vieron obligadas a abrir espacios de participación para quienes habían estado excluidos, como las mujeres y los indígenas, dando lugar a un sistema más incluyente y democrático. El resultado es una compleja coexistencia de de leyes propias de un Estado liberal democrático y normas consuetudinarias. Es así como en Oaxaca, por ejemplo, coexisten dos procedimientos reconocidos para la elección de autoridades municipales: el de competencia partidista y los sistemas normativos internos (también conocidos como los usos y costumbres o normas consuetudinarias). Considerando este patrón, se puede decir que en Oaxaca hay por lo menos dos grandes referentes doctrinarios para la organización política local, dos sistemas electorales: el de la visión liberal de la democracia con raíces occidentales y el de las normas consuetudinarias que reclaman un origen indígena. Tal acontecimiento ha sido ampliamente valorado como una conquista de las demandas indígenas, pero también ha dado lugar una polémica ya que su aplicación en algunos municipios se ha usado para justificar la exclusión de diversos sectores de la población, entre los que se encuentra el de las mujeres. En general, la participación de las mujeres en el ámbito municipal sigue siendo limitada, tanto en los municipios donde se designa al ayuntamiento por el régimen electoral de sistemas normativos internos como en el de competencia partidista. Para hacer frente a esas circunstancias, las mujeres también se han organizado para cambiar su situación y conseguir espacios en los que puedan acceder a una plena participación en la vida política de los municipios de esta entidad. Esta ponencia analiza el contexto en que se da tal organización y los avatares de la misma.