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En América Latina los medios de comunicación han ocupando espacios y protagonismos políticos que tradicionalmente le correspondían a las instituciones. En ese escenario los regímenes progresistas de la región intentan regular los medios de comunicación, definiéndolos como un derecho social y un bien público.
En Ecuador, la consigna popular «¡que se vayan todos!» expresó el agotamiento del modo tradicional y neoliberal de hacer política. La candidatura de Rafael Correa, y su proyecto de «Revolución Ciudadana», respondió a ese desencanto, comprometiéndose con una nueva Constitución que, por primera vez en el país, reconoció el derecho a «una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y participativa, en todos los ámbitos de la interacción social, por cualquier medio y forma, en su propia lengua y con sus propios símbolos». Con todo, la Ley Orgánica de Comunicación (LOC) fue largamente debatida y su implementación, como un servicio público, constituye uno de los contenidos de la actual confrontación política.
La ponencia argumenta que la regulación normativa de los medios de comunicación se legitima en la tradición republicana democrática, pero analiza las carencias deliberativas de su ejercicio real. ¿Por qué la ley de medios emerge como uno de los contenidos más polarizados del conflicto? ¿Por qué la precariedad deliberativa de su implementación revela los alcances y límites del actual proyecto político ecuatoriano?