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En este trabajo se analizan los impactos que está teniendo en la región sureste de México el conjunto de modificaciones constitucionales y leyes secundarias en materia energética, llamada comúnmente Reforma Energética y que fueron aprobadas en el año 2014. La reforma energética generó condiciones legales a corporaciones transnacionales y empresas mexicanas para invertir en proyectos para la generación y transmisión de energía eléctrica, así como de extracción y procesamiento de hidrocarburos, desde aquellos de gran envergadura (hidroeléctricas y campos petrolíferos) hasta de pequeña y mediano tamaño como microhidroeléctricas, generadores eólicos y geotérmicos. De esta manera, distintas empresas están realizando estudios y exploraciones, así como inversiones iniciales en proyectos energéticos, aprovechando la abundancia relativa de bienes naturales de la región sureste como petroleo, agua o viento
Este proceso es analizado desde la perspectiva de la gobernanza del despojo, una modalidad impulsada por los poderes públicos y ámbitos de gobierno, los cuales generan las condiciones jurídicas, normativas e institucionales para expoliación de los bienes naturales y territoriales de las poblaciones campesinas e indígenas, que implica la apropiación de sus tierras, el desplazamiento de sus puebles y la devastación de los ecosistemas, todo ello para imponer los intereses económicos por encima de los modos de vida de los pobladores locales, utilizando mecanismos de coerción, leyes y reglamentos, políticas gubernamentales y relaciones de poder. Como respuesta a este proceso, se retoman algunas expresiones de resistencia social frente a los proyectos energéticos en los estados de Chiapas, Oaxaca, Veracruz y Puebla, en los cuales se articulan grupos de campesinos e indígenas con organizaciones ambientalistas y ciudadanas para defender sus territorios y sus modos de vida.