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El 31 de octubre del año 2000 el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas adoptó la resolución 1325, en la que llamó a incorporar de manera amplia a las mujeres en los procesos de paz y de reconstrucción. El mandato de incluir la perspectiva de género debe considerar las necesidades especiales de mujeres y niñas durante su reasentamiento y repatriación, rehabilitación, reintegración y reconstrucción post conflicto. Esta perspectiva debe incluir las propuestas de paz hechas por mujeres locales y los procesos indígenas de resolución de conflictos.
Los últimos 12 años, México ha estado inmerso en la llamada “Guerra contra el narcotráfico” que ha dejado decenas de miles de muertos y desaparecidos, tortura, violencia sexual, masacres y otras graves violaciones a derechos humanos. Su impacto ha sido poco estudiado con perspectiva de género; sin embargo, sabemos que en distintas áreas se muestra una afectación desproporcional en detrimento de mujeres y niñas.
Tras el proceso electoral 2018 el presidente electo que entrará en funciones el 1 de diciembre de 2018 planteó la necesidad de iniciar un proceso de pacificación que ponga fin a la violencia generalizada y creciente. No obstante, poco se ha hablado de construirlo desde la perspectiva de género; aspecto indispensable para alcanzar una paz con justicia sostenible, democrática e incluyente.
Este trabajo plantea algunas consideraciones, basadas en experiencias internacionales, para que la incorporación de la perspectiva de género sea amplia, como lo mandata la resolución 1325, y resulte exitosa también en el proceso de reconstrucción, verdad y memoria.