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En los últimos años el empeoramiento de las condiciones de seguridad en El Salvador y México, ha precipitado desplazamientos poco estructurados y sin planeación. La población afectada inicia movilizaciones internas, huyendo de la amenaza criminal –pandillas, crimen organizado, negligencia estatal-. Si bien esta zona es tradicionalmente expulsora de población, los nuevos flujos no tienen relación con las movilizaciones tradicionales. No se desconoce que la situación económica juega un papel esencial en estos movimientos de población, pero actualmente la violencia precipita la salida de los nuevos migrantes. El crimen organizado ha aumentado su presencia en esta región y su accionar incluye extorsiones, asesinatos, reclutamiento forzoso, control de territorios, aumento de colusión y violencia, que a su vez debilita las estructuras del Estado. De ahí la necesidad de reconfigurar la figura de refugiado, pues hasta ahora los estados inmiscuidos no reconocen el grave problema que tienen por el incremento de la violencia. Sin protección estatal los migrantes son presa fácil del crimen organizado, pero también de autoridades abusivas que los vulneran por cruzar las fronteras de manera irregular. Esta situación obliga a una respuesta estatal apegada de derechos, y desde una perspectiva territorial, que garantice el respeto y la atención de las víctimas, sean nacionales o extranjeras. El éxito del proceso de salida forzosa –variable dependiente- estará condicionado por las estrategias asumidas por los afectados, de ahí la necesidad de caracterizar los componentes –variable independiente- que producen la migración forzada.