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Luego de 16 años de haber sido reconocida la justicia indígena en la Constitución ecuatoriana de 1998, a través del seguimiento al caso de La Cocha I y II (2002 y 2010), por los cuales se juzgo el delito de dos asesinatos en una comunidad indígena de la Sierra central, se revisa críticamente la manera como el Estado ha tratado de intervenir en la justicia indígena, en lugar de establecer una relación de coordinación y cooperación, tal como lo manda la misma Constitución y el derecho internacional. Este caso cobra especial importancia porque cuenta con un proceso sometido a la consideración de la Corte Constitucional ecuatoriana, la cual emitió ya la respectiva sentencia.