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Las desapariciones de los 43 estudiantes de la Normal rural de Ayotzinapa, así como las ejecuciones de tres de sus compañeros y otras 3 personas más, los días 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala Guerrero, sintetizan la debacle que se vive en México. La impunidad y la infiltración del crimen organizado en las estructuras del gobierno, ha evidenciado la profunda crisis de derechos humanos que enfrentamos, a causa de un modelo económico basado en el despojo y la privatización del patrimonio nacional. Esta situación ha desencadenado una espiral de violencia que nos ha colocado al borde de una confrontación social y política a gran escala. Ayotzinapa condensa el verdadero rostro del México empobrecido y ensangrentado. De un gobierno autoritario, carente de legitimidad, que criminaliza la lucha social y cuya política de seguridad basada en la militarización de los cuerpos de seguridad, ha traído aparejada una cauda de graves violaciones a derechos humanos de larga data, como los casos de desapariciones forzadas que nos remiten a la década de los 70 con la Guerra sucia en Guerrero y que ahora se reedita con la misma línea guerrerista del gobierno federal, en su lucha contra el narcotrafico, que no es sino la estrategia del terror de estado para someter y desmovilizar a la población que resiste y abandera la defensa de sus derechos fundamentales.