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La democratización de la universidad ha ingresado en la última década en la agenda de gobierno constituyendo el núcleo organizador de diversas políticas sectoriales que procuran favorecer la inclusión en el tercer nivel educativo y de otras que intersectorialmente, intentan acompañar esos procesos. Se trata sin embargo, de un concepto complejo, histórico y polisémico cuya definición está lejos de ser universal y adopta en cada caso nacional aristas singulares no siempre precisadas con claridad. Otro tanto ocurre con el concepto de inclusión utilizado a menudo como sinónimo de aquel.
En este trabajo nos proponemos explorar teóricamente los alcances de ambos conceptos y analizar los alcances y primeros resultados de dos políticas inclusivas desarrolladas en la última década: la transferencia condicionada de ingresos a través del Plan PROGRESAR y la ampliación de la oferta a través de la creación de universidades públicas ubicadas en el conurbano de Buenos Aires y orientadas, explícitamente, a la incorporación de los sectores sociales más desfavorecidos. A través de ambos ejes, centramos la discusión en torno a la capacidad de las denominadas políticas de inclusión para intervenir sobre los modos que asumen hoy la desigualdad en el ámbito universitario, sus condicionantes y efectos, con el fin de aportar conocimiento –a través de un caso nacional- al estudio de los procesos democratizadores de la universidad en América Latina.