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Esta ponencia analiza la relación del estado mexicano con las comunidades del Valle de Ocotlán, Oaxaca, poniendo énfasis en las lógicas del racismo institucional. Entendiendo al estado como un proceso permanente de construcción de ideología y acciones que producen efectos sobre la vida social (Abrams 2006, Trouillot et al. 2001), me propongo explicar cómo las disputas por el acceso al agua de los campesinos de esa región se ve obstaculizado por determinaciones técnicas y administrativas del órgano regulador federal (CONAGUA), que esconden pautas de racismo. Al mismo tiempo, la disputa de los campesinos encuentra un importante respaldo del Tribunal Federal de lo Contencioso Administrativo cuya resolución se apoya en un discurso basado en derechos indígenas.
Este caso nos permite ejemplificar cómo el estado mexicano ha legitimado su acción sobre grandes sectores de la población basándose y produciendo ideas de inferioridad y atraso que generan patrones invisibles de racismo (Wade 1997). Esta estrategia no es solo consecuencia de las acciones “desinformadas” de los funcionarios en lo particular, sino parte de la conformación y diseño estructural del estado moderno (Goldberg 2002).
Los discursos de inferioridad y superioridad son cuestionados por movilizaciones sociales y el reconocimiento de derechos indígenas que disputan la soberanía del estado mexicano (Martínez 2013, Sieder 2013), no obstante, la globalización lo ha convertido en un ente que mas que velar por la efectividad de los derechos, opera como enclave del capital transnacional que legitima la apropiación de recursos antes soberanos y hoy confrontados entre la privatización y la comunalización (Hale