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Después de 10 años de vigencia de la Ley de Justicia y Paz que creó la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación en el 2005, aunado a conversaciones de paz con las FARC donde se han abordado los temas agrario y de narcotráfico como generadores del conflicto en Colombia, un nuevo “campo discursivo de acción” (Álvarez 2009 ) se ha hecho evidente entre sectores periféricos, como es el caso de las regiones cocaleras de Putumayo y Catatumbo. Se trata de la demanda de sus habitantes de su reconocimiento como sujetos y actores centrales en el posconflicto por habitar territorios controlados por los actores armados. En mayo de 2014 durante el segundo paro agrario nacional se hizo evidente la división del movimiento campesino, entre quienes habitan estas regiones que han recibido los embates del conflicto armado y el narcotráfico y sectores campesinos más integrados a la nación como es el caso de los cafeteros y paperos del altiplano que se organizaron alrededor de las llamadas “dignidades”. A través de la comparación de los casos de Putumayo y Catatumbo, busco examinar la oportunidad política que los líderes del movimiento campesino han puesto en marcha al articular las regiones cocaleras, que durante décadas han sido estigmatizadas por su condición de ilegalidad, a las políticas de paz, reconciliación y reparación.