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En el transcurso de la negociación entre el Gobierno de Colombia y la guerrilla de las FARC durante los últimos cuatro años, un renovado orden ilegal se está configurando, con múltiples economías ilícitas enquistadas en los territorios.
Mientras que el crimen organizado se prepara para el posconflicto, el Estado tiene dificultades para articularse y generar una respuesta integral, más allá de las operaciones ofensivas que entran y salen de las zonas. La intervención desbalanceada, con un fuerte componente represivo, crea un contexto adverso para la consolidación del Estado y la construcción de la paz, sino es acompañada de una estrategia que afecte las condiciones que permiten la reproducción de las economías criminales en los territorios. Se trata entonces de responder al crimen organizado sin prolongar el conflicto armado.
El desafío para el Estado no sólo consiste en desarticular facciones locales con capacidad de usar la violencia y la corrupción, sino en construir una nueva relación entre las comunidades y las instituciones formales, que permita restablecer su autoridad legítima a partir de la protección de los ciudadanos.