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En Argentina, la conformación y expansión de emprendimientos narcotraficantes gerenciadores de los mercados ilegales internos contó con la protección y regulación de las instituciones policiales, las que, aun con deficiencias e imperfecciones, mantienen y reproducen con eficacia el control y la vigilancia efectiva de esos territorios y de sus poblaciones. Dicha regulación se inscribe dentro del marco de una estrategia política de gobernabilidad del crimen en el que se consiente y convalida el pacto policial-criminal. Se trata, en verdad, de un doble pacto: político-policial y policial-criminal.
El presente artículo aborda el caso de la provincia de Buenos Aires analizando una serie de “casos” que ventilaron este conjunto de contubernios político, policial y criminal y han servido como “ventanas heurísticas” para el conocimiento del doble pacto, la regulación policial del narcotráfico y sus grietas: el "Caso Candela”; el “Caso Santiso” y el “Caso Bressi".