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El proceso de justicia penal o de criminal accountability que se desarrolla desde hace más de una década en Argentina ha sido ampliamente abordado por la literatura por su rol destacado en términos de lucha contra la impunidad. El impulso a este proceso estuvo liderado por las organizaciones de derechos humanos, pero en gran medida su desarrollo se debió a que los juicios se constituyeron en “política de Estado”; los poderes ejecutivo, legislativo y judicial se comprometieron a impulsarla y declararon en 2010 que no corresponde a ningún gobierno sino al Estado argentino y a la sociedad toda.
Los juicios han fundado su base probatoria en la palabra de víctimas y familiares, considerados "testigos necesarios", ante un proceso que ocurrió en la clandestinidad y destruyó las pruebas físicas de los crímenes. Miles de testigos-víctimas han brindado su testimonio, a lo largo de 163 juicios.
Desde diciembre de 2015 ocupa la presidencia Mauricio Macri, quien llego al poder en una coalición de gobierno que incluyó a grupos mediáticos concentrados, algunos de ellos actores clave de veto que se oponen a la continuidad de estos juicios. Desde entonces se han producido cambios significativos en la política pública de derechos humanos del poder ejecutivo, y han comenzado a verse algunos efectos en el accionar del poder judicial.
En esta ponencia propongo analizar los efectos que el cambio en el poder ejecutivo nacional ha tenido en la política de juicios, con un foco en el impacto concreto sobre las decisiones y actitudes de los jueces y su valoración de los testimonios de las víctimas. El análisis busca discutir con la idea de un poder judicial independiente de la política y sus requerimientos, y se centrará en los cambios respecto de estándares probatorios, del desarrollo de las audiencias, a la flexibilización de los criterios para la concesión del beneficio de arresto domiciliario, entre otros fenómenos que puedan surgir en lo sucesivo en un proceso activo de judicialización. Se buscará analizar si el cambio en la actitud de los jueces repercute negativamente en el desarrollo del proceso, y discutir sus efectos sobre la política pública de juicios.