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En la actualidad se puede partir de la hipótesis de que las sociedades contemporáneas están viviendo una mutación. El paradigma gubernamental que se impone actualmente, no sólo ha dejado de ser democrático, sino que abandona la política como medio de organización de las sociedades contemporáneas en favor de una “estrategia de seguridad” impuesta por EUA a partir del 9/11. Este cambio ha dado lugar a la aparición de tendencias que obligan a repensar la gubernamentalidad y el papel del Estado en la organización de la sociedad contemporánea. En este marco, la constante violación de los derechos humanos y la ausencia de una adecuada administración de la justicia en México han propiciado un viraje en las luchas ciudadanas y comunitarias. Estas prácticas, que con anterioridad se inscribían en la presión política para garantizar el ejercicio pleno de los derechos humanos, muestran en la actualidad un agotamiento. Con base en ello se han expandido en distintas regiones del país, principalmente en comunidades y municipios con alta presencia de población indígena, formas de autocuidado y organización de policías comunitarias que se organizan al margen del Estado Mexicano y que incluso cuentan con sistemas propios de administración e impartición de justicia. Este trabajo busca reflexionar sobre la experiencia de estas prácticas comunitarias en el marco de una nueva mirada de las relaciones entre el Estado Mexicano y los pueblos indios con base en los derechos y las culturas indígenas.