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La reciente aprobación de una Política de Comunicación en Cuba, sin precedentes en la historia nacional, ha redimensionado, a tono con las tendencias contemporáneas, el valor de la información y la comunicación, al reconocerlas como “bienes públicos y derechos ciudadanos”.
Ello, sin embargo, no constituye un hecho aislado, sino que forma parte del proceso de actualización emprendido por el país, el cual, desde sus documentos rectores, ha trascendido la visión instrumental de la información y la comunicación para concebirlas como recursos estrátegicos en la dirección del Estado y el Gobierno.
En medio de estas transformaciones, Cuba lleva a cabo un proceso de reforma total de su Constitución, con la singularidad de llevar a consulta popular el proyecto de Carta Magna que luego será sometido a referéndum. De acuerdo con las tendencias modernas de gobierno participativo, el texto constitucional pondera el deber de las autoridades de rendir cuenta al pueblo de su gestión, y que este, en un clima de transparencia, pueda involucrarse cada vez más en el tan necesario control popular y ser parte, incluso, en la construcción de políticas públicas.
Pero favorecer la participación implica, en primer lugar, contar con información; y ahí radican los principales desafíos de la sociedad cubana para estrechar los vínculos entre comunicación, política de transparencia y participación ciudadana: garantizar el acceso oportuno de los ciudadanos a la información y fortalecer la capacidad de las instituciones de organizar, transparentar y visibilizar sus procesos, sobre todo en espacios virtuales.