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En el largo camino hacia la “casa propia” –un ideal especialmente fuerte entre las clases populares de una América Latina inflacionaria e inestable económicamente—la obtención de la propiedad privada del suelo ha sido importante. Los programas de regularización de los asentamientos informales, lo mismo que las políticas de vivienda social han apuntado, casi invariablemente, al otorgamiento de títulos legales de propiedad individual sobre el suelo. El arrendamiento ha sido una línea de política más reciente y de menor importancia. Hoy, con el despliegue de un sector inmobiliario que gentrifica, además de densificar, se tiende a la situación de que todo terreno urbano tiene una renta potencial elevada o en crecimiento. En tales condiciones, es posible que los asentamientos informales se defiendan mejor del desplazamiento de residentes causado por la expansión territorial del capital inmobiliario, que los asentamientos regularizados. Destacaremos los absurdos jurídicos, ambientales y económicos de la institución de la propiedad privada individual del suelo, los que se hacen especialmente patentes hoy, como camino necesario para agregar legitimidad a la discusión sobre las formas de propiedad del suelo que mejor pueden acoger el derecho a la ciudad y a la vivienda de los grupos populares.