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Mientras el gobierno de Estados Unidos anuncia su intención de declarar a México como un tercer país seguro, en los hechos existen ya políticas de control migratorio para impedir el cruce de las fronteras o detener a los solicitantes de asilo en su paso por la región mesoamericana. En la ciudad de Tapachula (Chiapas) cerca de la frontera con Guatemala, las instalaciones de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) se encuentran saturadas: miles de personas intentan cada año presentar su solicitud de refugio. La mayoría desistirá o abandonará el procedimiento. Los demás esperarán varios meses a una resolución. Durante ese tiempo, los solicitantes se encuentran en un limbo jurídico y social, con escasas o nulas posibilidades de encontrar trabajo formal, obtener alojamiento, alimentos y cubrir otras necesidades básicas. Esto ha propiciado la presencia de una amplia población flotante en una de las regiones más pobres de México, que es atendida parcialmente por Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) nacionales e internacionales, Organismos de las Naciones Unidas como ACNUR, OIM y UNICEF, y más de una docena de instituciones federales, estatales y municipales.
Con base en trabajo etnográfico, entrevistas a profundidad con actores institucionales y con solicitantes de refugio, propongo mostrar en esta ponencia cómo la cuestión del refugio rebasa la capacidad administrativa, política y social de las instituciones mexicanas. Asimismo, pretendo analizar la convergencia de autoridades locales, instituciones federales, OSC y organismos internacionales en la atención social y la regulación local del refugio.