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Las evaluaciones estandarizadas de gran escala y altas consecuencias forman parte de los sistemas educativos de países del hemisferio norte y sur. Chile fue uno de los primeros países en América Latina en implementar una prueba nacional estandarizada (SIMCE), con serias consecuencias para las escuelas, incluyendo bonificaciones económicas para los profesores y eventual cierre de escuelas de acuerdo a sus resultados. La evidencia internacional señala que las pruebas de altas consecuencias generan efectos negativos como la discriminación de estudiantes, la estigmatización de escuelas y la reducción curricular, perjudicando especialmente a la población más vulnerable. En este escenario, se busca explorar las experiencias en torno a la prueba SIMCE y las concepciones de justicia social de las comunidades escolares con proyectos educativos inclusivos. Algunas de las preguntas centrales son: ¿En qué medida es posible desarrollar proyectos inclusivos en un contexto de pruebas de altas consecuencias? ¿Cuáles son las concepciones de justicia social de las comunidades educativas en torno al SIMCE? ¿Qué se entiende por una evaluación socialmente justa? Para ello, por medio de un estudio cualitativo, se aborda el caso de tres escuelas públicas con proyectos educativos inclusivos; una escuela de segunda oportunidad que trabaja con estudiantes marginados del resto del sistema escolar; una escuela que integra estudiantes con diversas necesidades educativas especiales; y una escuela con proyecto intercultural. Se presentan resultados preliminares donde destacan la tensión entre el SIMCE y el desarrollo de proyectos inclusivos y la existencia de distintas concepciones de justicia social al interior de las comunidades educativas.