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La trata de personas representa una seria violación a los derechos humanos en la medida en que genera consecuencias graves sobre las víctimas y, fundamentalmente, porque el Estado posee una alta responsabilidad en relación a su persistencia. El marco normativo existente en la Argentina sobre la trata de personas se enmarcó en un conjunto de acciones que tuvieron lugar en el escenario internacional y que respondieron a lo establecido por declaraciones y tratados internacionales sobre los derechos humanos, específicamente por el Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, conocido como el Protocolo de Palermo.
A partir de la adhesión a este protocolo el Estado argentino se convirtió en responsable jurídico de asegurar su cumplimiento a través de la creación de acciones administrativas, legales y jurídicas que garanticen el efectivo cumplimiento de los derechos humanos para las víctimas de trata de personas. Pese a esto, la trata laboral en el sector agrario continúa siendo menos visibilizada y con mayor cantidad de víctimas que otras modalidades encuadradas bajo el mismo delito. En este sentido, el objetivo central será analizar el rol del Estado en el abordaje de la problemática de la trata laboral agraria en Argentina entre los años 2008 y 2015 a partir de los testimonios de informantes claves. Se buscará dar cuenta de los modos en que fue implementada la Ley N°26.364 fundamentalmente a partir del accionar del poder ejecutivo y judicial.