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Con la gobernanza como una nueva forma de gobernar, las últimas décadas se han confeccionado mecanismos de participación a partir de los cuales se pretende, al menos formalmente, incluir la voz de actores privados y sociales en los procesos decisorios y en la gestión pública. Como parte de un nuevo andamiaje institucional estatal se han abierto espacios de colaboración y participación; éste es el caso de los comités participativos, las comisiones de vigilancia, o los consejos consultivos. Estos mecanismos se fundamentan formalmente en una lógica de gobernanza; la cual, basada en una coordinación reticular, los actores públicos, privados y sociales debería tener las mismas oportunidades y capacidades para influir en los procesos decisorios y en la gestión pública.
No obstante, para que estos mecanismos de participación funcionen, en términos prácticos es necesario cambiar los patrones de relación entre actores públicos, privados y sociales. Patrones que, en sociedades como la mexicana, marcadas por la desigualdad se traducen, por una parte, en relaciones de poder de corte asistencial y clientelar; así como, por la otra, en prácticas de corrupción generadas por el abuso de poder. De ahí que sea necesaria su transformación si es que se quiere implementar una lógica de relación basada en la gobernanza. En torno a las posibilidades e imposibilidades de hacer que la gobernanza funcione, en la ponencia presento evidencia empírica sobre algunos espacios de colaboración y participación en México.