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La tradición civilista del ordenamiento jurídico y la división de poderes que rige dentro del Estado de Derecho colombiano llevaron a considerar que los jueces son operadores que se limitan a aplicar las normas jurídicas creadas por las ramas legislativa y ejecutiva. Esta visión ha sido cuestionada por distintos autores que han reconocido una mayor agencia de los jueces en la decisión de sus casos, especialmente cuando en sus manos está la protección de los derechos humanos y de la Constitución Política. Este replanteamiento de la división de poderes abre las puertas para cuestionar la relevancia del papel que han desempeñado los jueces en los programas de formalización de tierras implementados por el gobierno desde el año 2010 y, más específicamente, cómo puede este haber afectado o no la ejecución de los mismos.